Racista hasta los huesos

Imposible que en este país no se reúnan las voluntades para administrar eficazmente al departamento el Chocó.
Como cada año, como cada mes lo denuncian las organizaciones de la región, continúa acentuándose la permanente crisis humanitaria que padece el Chocó. El 65 por ciento de la población vive en inseguridad alimentaria. La defensoría reportó la semana pasada que no se conocen las cifras exactas de los niños que mueren de hambre o por enfermedades causadas por la desnutrición y que muchos de ellos perecen víctimas de los bloqueos alimentarios producidos por los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales.
Nadie puede reclamarse inocente. Me parece imposible imaginar que en este país no se reúnan las voluntades para administrar eficazmente un departamento que apenas sobrepasa los 400.000 habitantes. Lo que sí creo es que este es un país racista hasta sus huesos. No racista de palabra, sino de obra. Los que se murieron son niños negros, indígenas, pobres; de otra manera, el país se habría paralizado. Son niños que no le importan a nadie, ni siquiera a aquellos que tienen la obligación de protegerlos. Su muerte pasa desapercibida entre notas de prensa, cuya insignificancia contrasta con el despliegue magnífico que ha recibido la pasarela Colombiamoda, que se robó todas las portadas con mujeres semi- desnudas, y con sus patrocinadores, muchos de ellos productos de dieta.
El Chocó es el monumento nacional a los crímenes de Estado. Y no solo me refiero a que el bloqueo alimentario sí que es un grave crimen de guerra. Por acción y por omisión, la tragedia chocoana es dramática no solo por su gravedad sino porque ha sido eterna y pública. El paramilitarismo y la guerrilla arrasaron con el Urabá y siguen operando en la región, van tras los intereses de la palma, la ganadería extensiva, la madera y, por supuesto, el narcotráfico. Los recursos siguen desapareciendo, la corrupción sigue reinando, el Estado continúa ausente, el país sigue de espaldas, la atención en salud es excesivamente precaria y los niños se siguen muriendo de hambre.
El país no quiere reconocer que esos niños mueren por los efectos directos del conflicto armado. No se discuten las cifras que demuestran que son los niños la base social de toda la economía ilegal, especialmente del narcotráfico, y que llegan allí por la falta de alternativas, porque la opción es esa: morir de hambre o, como lo declaraba 'H.H.', porque el conflicto en Colombia es "una bolsa de empleo".
Son cientos de miles de niños en permanente riesgo en todo el territorio nacional, y no tenemos ni por asomo una política que se compadezca con esta catástrofe humanitaria. No se admite la relación entre el hambre y el reclutamiento de los niños, entre el hambre y la violencia. No se quiere asumir que la ruptura de esa relación no se consigue acabando con los hambrientos, sino con el hambre. Por eso, el consejo comunal del sábado no resolvió nada. Una solución de fondo pasaría por reconocer que existe un conflicto armado y que los pobres son los que más lo sufren.
En este país se reza mucho en público y me alegra eso, porque significa que respondemos al marco constitucional y que también nos rige un orden superior. ¿Dónde está la responsabilidad moral con esa región? Como podemos rezarle a Dios y dormir tranquilos ante estos hechos? ¿Cómo es posible que la recuperación de esos territorios implique asesinar de hambre a unos seres humanos inocentes? La seguridad democrática es una política antiterrorista. ¿No es el hambre la peor forma de terrorismo?
desurasur@gmail.com
Natalia Springer

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